Crónica de una muerte anunciada

💸🔥 Apenas tres semanas después de que las graves deficiencias operacionales y los reiterados incumplimientos de frecuencia encendieran las alarmas en las comunas del sector norte y sur de la capital, la crisis del consorcio Metropol Chile alcanzó su punto de no retorno. La matriz chilena tras las empresas Buses Alfa y Buses Omega presentó formalmente una solicitud de liquidación voluntaria ante los tribunales de justicia, confirmando el colapso financiero de la operadora en el sistema Red Movilidad. La salida de la firma representa uno de los eventos de reestructuración más críticos para el transporte público capitalino en el último tiempo. El consorcio mantenía a su cargo un total de 52 recorridos alimentadores y troncales, movilizados por una flota de 741 buses, lo que equivale al 10,3% del parque total de Red Movilidad. Su operación concentraba una fuerte presencia en comunas como Huechuraba, Renca, San Bernardo y Puente Alto. Las sanciones acumuladas, la imposibilidad de mantener los estándares contractuales de regularidad y la falta de liquidez terminaron por acelerar el fin de la concesión, abriendo paso a un procedimiento concursal que buscará saldar los pasivos de las filiales Alfa y Omega. Frente a la solicitud de quiebra, el Directorio de Transporte Público Metropolitano y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones salieron a garantizar la continuidad total de los servicios para evitar un impacto directo en los viajes diarios de los usuarios. Para ello, la autoridad inició el proceso normativo para nombrar a Fernando Saka Herrán como administrador provisional, cuya tarea prioritaria será tomar el control operativo y garantizar la salida diaria de la flota. Asimismo, desde el DTPM confirmaron que el sistema cuenta con la capacidad de redistribuir apoyos y flotas de reserva para cubrir eventuales vacíos operacionales durante el período de transición. Los 52 servicios asignados continuarán operando bajo sus trazados y horarios habituales mientras se define la reasignación o licitación definitiva de las unidades de negocio. El colapso de Metropol reabre el debate sobre la sostenibilidad de los contratos de operación y los mecanismos de fiscalización en la capital. Mientras avanza el proceso legal en tribunales, la prioridad de la autoridad estará centrada en mantener la regularidad en calle y coordinar la absorción paulatina de terminales y flota por parte de otros operadores del sistema.